miércoles, 9 de diciembre de 2015

Incrementa la presión de los proyectos hidroeléctricos para extraer la energía de la Sierra

Leonardo Duran Olguin*
En los últimos años se han manifestado con más claridad las ambiciones de empresarios y funcionarios de gobierno, que desean extraer los recursos de las entrañas del Totonacapan. Para ellos, los recursos naturales son mercancías que deben ser extraídas en el menor tiempo posible. No les importan los métodos ni las formas, y mucho menos las consecuencias que estos traiga. Lo que les importa es obtener las mayores ganancias posibles, para responder a un sistema económico en donde el dinero está por encima de todo. Y para lograrlo buscan imponer sus proyectos a costa de lo que sea.
En su ambición, ellos han establecido que los ríos de la Sierra Norte de Puebla deben utilizarse para generar electricidad, a fin de alimentar la energía que requiere este sistema depredador. Sobre las cuencas de los ríos Apulco, Zempoala y Ajajalpan,  han diseñado proyectos hidroeléctricos con los que buscan explotar al máximo sus causes. El progreso es el principal argumento con el que intentan seducir para presentar sus proyectos. La generación de energía limpia, es el discurso al que recurren para ocultar los impactos ambientales. La compra de voluntades, la manipulación, la presión y las amenazas, son las armas que utilizan para imponerse y con las que muestran su verdadero rostro. En los últimos meses este es un fenómeno que se recrudece en la Sierra Norte de Puebla. A continuación un balance de cómo se está viviendo.
Sobre el Apulco se están presentando proyectos para extraer más energía en una cuenta que ya está soportando los impactos de las hidroeléctricas. La Central Hidroeléctrica Mazatepec, que tiene más de 50 años explotando las aguas del río Apulco, mostró en el 2015 la gravedad de los impactos por las hidroeléctricas cuando se realizaron las obras de desazolve de la presa La Soledad. Para hacer estas obras, la Comisión Federal de Electricidad inició las gestiones desde el 2002 para solicitar autorización en materia de impacto ambiental. Esta obra se presentó como una necesidad para recuperar y aumentar la capacidad de la hidroeléctrica. Al revisar el expediente de evaluación de la manifestación de impacto ambiental, pareciera que los impactos que generarían estas obras serían controlados con las acciones de mitigación que le CFE proponía, pero la realidad mostró lo que en verdad significan: Durante el desazolve de la presa, las aguas del río se vieron fuertemente afectadas, siendo los pueblos de aguas abajo quienes lo testificaron con los cambios en el olor, en el color y en el trayecto del Río Apulco, sin que hubiera manera de evitar estos graves daños.

Otro proyecto hidroeléctrico sobre la cuenca alta del rio Apulco es la Central Hidroeléctrica Atexcaco, que es operada desde el 2011 por Compañía de Energía Mexicana, que pretende trasvasar las aguas del río Xoloco a fin de aumentar la capacidad de generación de energía eléctrica que es destinada a la Minera Autlán. Los habitantes de la Junta Auxiliar de Atoluca en Teziutlán, han expresado su rechazo a este proyecto, manifestándolo ante funcionarios de la empresa y del gobierno. La respuesta a ello ha sido la presión y la amenaza para imponer el proyecto, pero esto no ha hecho mella en pueblo de Atoluca que se mantiene defendiendo sus aguas.

Ingenieros Civiles y Asociados, una de las compañías de construcción más grandes del país, es otra que se suma a esta embestida que amenazan las aguas del río Apulco. A finales del 2014 esta empresa, a través de su filial Controladora de Operaciones de Infraestructura S.A. de C.V., ingresó ante la SEMARNAT cuatro manifestaciones de impacto ambiental, para el establecimiento de un complejo de centrales hidroeléctricas. Ana, Boca, Conde y Diego fueron los nombres que la empresa asignó a las presas que integran este complejo, cuyo establecimiento impactaría un tramo de 26.5 km sobre el cauce del río Apulco, en un trayecto que iniciaría entre los municipios de Xochiapulco y Tetela, terminando entre los municipios de Cuetzalan y Tlatlauquitepec. Este proyecto de grandes dimensiones, mostró el rechazo de los pueblos que se verían directamente afectados, quienes expresaron su decisión ante la SEMARNAT. Como parte de ello, desde el Comité del Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan se presentaron ante la SEMARNAT, los argumentos y análisis técnicos que sustentan la determinación del pueblo. Estos argumentos imposibilitaron a la SEMARNAT otorgar su autorización, por lo que en junio del 2015 emitió un resolutivo rechazando los proyectos. Sin embargo, en noviembre del 2015 la empresa ha vuelto a presentar la manifestación de impacto ambiental, lo cual es un claro desafío a la determinación de los pueblos que han decidido defender su río y sus tierras.

En el Zempoala se reaniman las intensiones por la hidroeléctrica San Antonio.
En el río Zempoala también se está viendo amenazado por el arribo de hidroeléctricas. El proyecto hidroeléctrico San Antonio es el que más está avanzando para imponerse. Este proyecto que pretende construir Generadora de Energía Eléctrica San Antonio (GESA), inició las gestiones para su operación desde el 2012. En diciembre del 2013 la SEMARNAT emitió su resolutivo autorizando el proyecto, dejando como condición la realización de una consulta indígena. Este proyecto que afectaría a lo largo de 6.5 km el cauce del río Zempoala, ha generado el rechazo de la población. Desde los pueblos que serán directamente afectados en los municipios de Zapotitlán, Xochitlán y Zoquiapan, se ha manifestado con claridad y determinación su negativa de ver sus parcelas agrícolas inundadas. A pesar de ello la empresa no ha cedido en su ambición, y en los últimos meses ha incrementado la presión sobre los ciudadanos y las autoridades locales, buscando imponer la hidroeléctrica.

La cuenca del Ajajalpan, los momentos más críticos por el proyecto Puebla 1.
Pero es en las comunidades de la cuenca del Ajajalpan en donde se están viviendo hoy los momentos más críticos. El proyecto hidroeléctrico Puebla 1, presentado por la empresa DESELEC, es el mejor ejemplo que muestra la amenaza de los proyectos de muerte. Este proyecto que se presenta como una pequeña hidroeléctrica para la generación de energía limpia con un bajo impacto ambiental, implica el establecimiento de dos presas sobre la cuenca del Ajajalpan (una en el afluente principal y el trasvase de un afluente tributario), la perforación de cerros para establecer más de 4 kilómetros de túnel y el establecimiento de líneas para la conducción de la electricidad con una longitud de más de 40 Km. El proyecto es desarrollado por COMEXHIDRO, empresa que desde hace 6 años inicio la gestión de permisos ante diferentes instancias de gobierno, presentándose como una empresa con vasta experiencia en proyectos hidroeléctricos con tecnología de nueva generación y responsabilidad social, pero que en los hechos ha sido una empresa fuertemente cuestionada en Veracruz, Oaxaca y Guerrero, por los impactos que sus proyectos han representado.

Éste proyecto ha sido autorizado por diferentes instancias de gobierno y en 2015 la Secretaría de Energía inició un proceso de consulta indígena, que lejos de ser un garante de los derechos de los pueblos, ha sido un instrumento de imposición y represión, violando los principios que establecen las leyes y los tratados internacionales. Uno de estos principios establece que la consulta debe ser previa, algo que fue violado toda vez que el gobierno otorgó sus permisos antes de consultar al pueblo. El mismo procedimiento de esta consulta, ocasionó manifestaciones de rechazo por habitantes de los pueblos directamente afectados en los municipios de Ahuacatlán, San Felipe Tepatlán y Tlapacoyan. Ante ello, la respuesta de quienes quieren imponer el proyecto ha sido la de descalificar e intimidar a ciudadanos que se han opuesto, a quienes han informado a la población y a quienes han dado a conocer el caso. Con estas acciones de coerción, se viola otro de los principios rectores que establece que la consulta a los pueblos indígenas debe ser libre. Por último, la empresa y los funcionarios de gobierno ofrecen este proyecto a la población como una obra para beneficio de las comunidades, sin embargo, lo cierto es que la energía generada en esta hidroeléctrica será destinada a empresas privadas, como al Grupo Walmart[1], quien durante cinco años ha buscado imponer la construcción de una Bodega Aurrera en Cuetzalan y es el principal grupo empresarial para el que estaría destinada la energía generada en la hidroeléctrica Puebla 1.

Todos estos sucesos muestran claramente que quienes intentan establecer los proyectos de muerte van por todo y están dispuestos a todo. Pero también es cierto que los pueblos serranos que han manifestados su determinación rechazando estos proyectos, están dispuestos a luchar con todo para evitar la imposición. Porque para nosotros, la tierra ni el agua son mercancías. Para nosotros, la tierra es nuestra madre y el agua es nuestra vida. Para nosotros, la tierra ni el agua se venden…. ¡Se aman y se defienden!

* Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske-Consejo Tiyat Tlalli


[1]Título de permiso de autoabastecimiento de energía eléctrica E/1067/AUT/2013 otorgado a DESELEC 1, S. DE R. DE C.V. Disponible en: http://www.cre.gob.mx/documento/permiso/electricidad/E-1067-AUT-2013.pdf Consulta 29/07/2015



miércoles, 18 de noviembre de 2015


SIN CONSULTA, CON REPRESIÓN Y VIOLENCIA
IMPONEN PROYECTOS EXTRACTIVOS EN LA
SIERRA NORTE DE PUEBLA


  • 331,729 hectáreas concesionadas a empresas extractivas en Puebla, el 60% a la canadiense Almaden Minerals.
  • 8 presas hidroeléctricas proyectadas y en operación para abastecer de energía a mineras, Wal Mart y otras grandes empresas.
  • 233 pozos de fracking actualmente en operación y otros por licitarse sin conocimiento de la población.
  • Gobierno  Federal y el del Estado de Puebla al servicio de las grandes corporaciones.
  • Campesinos, indígenas, organizaciones de la sociedad civil y académicos hacen un llamado conjunto a defender el territorio.

Ciudad de Puebla a 12 de noviembre de 2015.- El Estado mexicano ha concesionado 331,729 hectáreas a empresas privadas sin informar previamente, ni respetar el derecho al consentimiento previo, libre e informado de las comunidades. En complicidad con las empresas, reprime a las comunidades que se organizan para defender su territorio.

En la “Primera Jornada El derecho a la vida y el territorio en la Sierra Norte de Puebla” se denunció la privatización de los bienes comunes, la criminalización de defensores y la violencia en la región y en el estado de Puebla. Asistieron comunidades de los municipios de Cuetzalan, San Felipe Tepatlán, Ixtacamaxtitlán, Tlapacoya, Pauatlán, Ayotoxco, entre otras más y fue convocada por el Consejo Tiyat Tlali (que agrupa a 13 organizaciones), Fundar Centro de Análisis para la Investigación, el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) y el Doctorado en Economía Política del Desarrollo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

La organización PODER documentó la existencia de 440 concesiones mineras, además de 15 proyectos hidroeléctricos privados, así como la exploración y explotación de hidrocarburos en campos petroleros operados por Halliburton y Diavaz en el estado de Puebla. El 60% de las concesiones mineras están en manos de la empresa Almaden Minerals. Fundar enfatizó en su exposición que la región de la Sierra Norte se encuentra en la cuenca petrolera Tampico-Misantla, la segunda en prioridad de hidrocarburos a nivel nacional y la primera en recursos prospectivos en petróleo.

Sin embargo, a las comunidades no se les informa; actualmente existen 233 pozos que utilizan fractura hidráulica (fracking) en la Sierra Norte sin que la población esté informada sobre si se trata de yacimientos de hidrocarburos no convencionales o no y, por lo tanto, sobre los riesgos e impactos negativos que implica para sus territorios, su medio ambiente y sus vidas. Además, la Secretaría de Energía ya ha entregado dos asignaciones a Pemex para exploración de este tipo de hidrocarburos en esta región, sin informar a las comunidades. Tampoco se han realizado los estudios de impacto social y las consultas previas que establece la legislación en la materia, señaló Aroa de la Fuente, investigadora de Fundar.

El foro, que tuvo lugar en la facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, sirvió como un espacio para reconocer las luchas que diversas comunidades están emprendiendo para defender su derecho a la vida. “Es el momento de exigir al gobierno que promueva el decrecimiento económico y una redistribución de la riqueza”, es también “un llamado a que la sociedad reflexione sobre sus prácticas cotidianas de consumo, y para fortalecer y acompañar los procesos de defensa del territorio”, señaló en su presentación Silvia Villaseñor a nombre del Consejo Tiyat Tlali, “pues es muy difícil combatir a Walt Mart cuando tiene miles de consumidores”.

El doctor Germán Sánchez Daza, coordinador del Doctorado en Economía Política del Desarrollo de la BUAP, enfatizó que se ha agudizado la presencia del capital y que las reformas estructurales, la creación de zonas económicas especiales, así como la firma del Acuerdo de Asociación Transpacífico están orientadas a mejorar los negocios privados. No obstante, recordó que al mismo tiempo se ha fortalecido la resistencia de los pueblos. “Las comunidades luchan y resisten a estos proyectos pero también construyen proyectos de vida para defenderse del saqueo del capital” expuso Edmundo del Pozo de Fundar.

Por su parte,  Aldegundo González, del municipio de Cuetzalan, expuso que en julio de 2013 fue aprobado el informe preventivo del Proyecto El Aretón, perteneciente a la Compañía Minera Autlán, S.A. de C.V. Sin embargo, las comunidades que integran el Consejo Maseual se enteraron hasta el 28 de noviembre de 2013, cuando Semarnat publicó en su portal que se habían concesionado 1,527 hectáreas de su territorio ancestral para extraer minerales. Debido a la inexistencia de consultas las comunidades afectadas se organizaron en asambleas, la primera en la casa de cultura de Cuetzalan.

En la cuarta asamblea se realizó un cabildo abierto que declaró al municipio de Cuetzalan “libre de proyectos de muerte”. Interpusieron un amparo y el juzgado concedió la suspensión de plano para “salvaguardar sus derechos de posesión, propiedad o disfrute de sus territorios, aguas y sitios sagrados”.

En contraste, las comunidades de San Felipe Tepatlán, Ahuacatlán y Tlapacoya enfrentan la imposición del proyecto hidroeléctrico Puebla 1 autorizado a la empresa Deselec 1, subsidiaria de Comexhidro, constituida por Salomón Camhaji Samra, exdirector de la otrora paraestatal Altos Hornos de México, hoy privatizada. La Comisión Reguladora de Energía otorgó un permiso de autoabastecimiento para proveer de electricidad a Wal Mart, Waldo's Mart, Suburbia, Vips, Colchas de México y una persona física, Ileana Jinich Mekler, expuso Patricia Legarreta de PODER. La empresa recibió financiamiento del Departamento de Estado de Estados Unidos para la promoción de energías renovables, recursos del Fondo Nacional de Infraestructura de Banobras, orientado a asumir los riesgos a la inversión para fomentar la participación de la iniciativa privada en proyectos de infraestructura.

A las comunidades afectadas por el proyecto no se les proveerá de electricidad producida por la hidroeléctrica. Diana Pérez, del Consejo Tiyat Tlali informó que el proceso de consulta inició cinco años después de haber sido otorgado el primer permiso. Cuando hicieron solicitudes de acceso a la información para conocer el proceso de consulta se les indicó que estaba protegido por secreto industrial. Por tanto, insistió “las comunidades no conocen el proceso de consulta que se les aplicó.”

La lucha por combatir este proyecto ha desencadenado como respuesta acciones de autoridades y de la empresa para romper el tejido comunitario. Quienes tratan de organizar asambleas para defenderse son señalados en la prensa local y amenazados; en fechas recientes 14 pobladores de San Felipe Tepatlán fueron denunciados penalmente como parte de esta estrategia de represión, manifestaron pobladores de estos municipios. La empresa ha promovido la creación de la organización Campesinos Unidos de San Felipe Tepatlán y Tlapacoya, con recursos públicos destinados a fines privados.

Aunado a ello, Alejandro Marreros del CESDER expuso la importancia que tiene la organización comunitaria frente a este tipo de proyectos que recruden la marginalización de las comunidades con respecto al ejercicio de sus derechos fundamentales. En donde, si no es con amenazas, las empresas llegan a ofrecer fuertes cantidades de dinero a autoridades y habitantes para dividirlos y confrontarlos. Es por ello que hizo un llamado para generar afinidades con otros sectores y pueblos del estado en un frente común a estos proyectos de desarrollo excluyente.

La criminalización es, por tanto, una de las respuestas del Estado Mexicano frente a la defensa de las comunidades por su tierra y territorio. Otra de las respuestas ha sido la negación ante los juzgados federales, de las violaciones a derechos humanos cometidas por la emisión de concesiones y permisos a las grandes empresas, señaló Itzel Silva de Fundar. Tal es el caso del amparo presentado por la comunidad nahua de Tecoltemi en contra de dos concesiones mineras, juicio en que el Estado se ha defendido virtiendo diversos argumentos, como el que darle la razón a la comunidad significaría quitarle derechos ya concedidos a la empresa minera, lo que pone en evidencia los verdaderos intereses que busca proteger; o que el derecho a la consulta no le obligaba porque la Ley Minera es anterior a la reforma constitucional que reconoce dicho derecho, con lo que niega el deber que desde 1990 tiene, de consultar a las comunidades, por haber ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

“Cada una de las empresas operadoras de proyectos extractivos en la Sierra Norte posee un historial de malas prácticas empresariales como corrupción de autoridades públicas, desastres ambientales, tráfico de influencias, ocultar información, así como una serie de conflictos por los derechos de propiedad territorial en otros de sus emprendimientos en México o en el extranjero” sentenció Omar Escamilla, investigador de PODER.


Finalmente, se aprobó la “Declaración de la Primera Jornada Por el derecho a la vida y el territorio en la Sierra Norte de Puebla”. Los participantes de esta Primera Jornada exigen al Estado Mexicano respete y garantice los derechos a la tierra y el territorio, a la libre determinación y autonomía, a la consulta y consentimiento de los pueblos indígenas de la Sierra Norte de Puebla; exigen al cumplimiento cabal de los instrumentos internacionales que reconocen y protegen dichos derechos, así como el cese de cualquier acto de criminalización en contra las comunidades que con toda legitimidad, han decidido defender su territorio.