martes, 13 de febrero de 2018

Criminalización y defensa en la Sierra Norte de Puebla

http://www.jornada.unam.mx/2018/02/13/opinion/020a1pol
Francisco López Bárcenas*
Investigador del colegio de san luís potosí. 
El último día de enero  la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en el estado de Puebla citó a comparecer ante ella a cuatro integrantes del Comité del Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan (Cotic), como indiciados por el delito de obstrucción de obra pública, debido a que entre el 19 de noviembre de 2016 y 2 de octubre de 2017 participaron junto con cerca de mil personas en un plantón de rechazo a las pretensiones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de instalar en ese municipio el Proyecto de Línea de Alta Tensión Entronque Te­ziutlán II-Tajín (LAT), porque consideran que con­traviene el Programa de Ordenamiento Territorial Integral Municipal aprobado en una sesión cabildo abierto el 15 de octubre de 2010 y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 10 de diciembre del mismo año.
Los indiciados son personas de reconocida solvencia moral y prestigio social, por su trabajo en pro de los derechos de las comunidades de la región y la defensa del territorio. Además de ser miembros del Cotic, la señora Rufina Edith Villa Hernández, de origen nahua, es integrante de la organización Maseualsiuamej Mosenyolchicahuanij y secretaria del Cotic; el señor Nazario Diego Téllez, también nahua, es representante del Grupo Altepetajpianij, cooperativista de la Unión Tosepan Titataniske; el señor Álvaro Aguilar Ayón es asesor de la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske, y Luis Enrique Fernández Lomelín, investigador universitario. Si la CFE sabe que en los hechos de los cuales se les acusa participaron cerca de mil personas, ¿por qué incriminarlos sólo a ellos?, ¿por qué en este momento, si los hechos sucedieron hace un año?, ¿qué intereses puede haber detrás de esta acción político-policial?
En el Cotic están convencidos de que se trata de una medida para disuadirlos del defender su territorio y su forma de vida, pues eso afecta importantes intereses económicos. Para sustentar su afirmación, señalan que la subestación que la CFE pretende construir en su territorio pasaría cerca del sitio donde la empresa Controladora de Operaciones de Infraestructura SA de CV, subsidiaria de Ingenieros Civiles Asociados (ICA), pretende construir cuatro nuevas hidroeléctricas interconectadas en el río Apulco, en los municipios de Tetela de Ocampo, Xochiapulco, Zacapoaxtla, Cuetzalan, Tlatlauquitepec y Nauzontla; curiosamente cerca de la mina El Aretón, propiedad de minera Autlán y del Cerro Las Espejeras, en Tetela de Ocampo, donde el Grupo Frisco tiene concesionadas más de 10 mil hectáreas de terrenos, proyecto que se encuentra suspendido por la oposición de la gente y la carencia de permisos ambientales.
Esa es una explicación. Pero también pueden existir otras. La mayoría de los socios de las cooperativas que se agrupan en torno a la Unión Tosepan Titataniske han mostrado sus simpatías con el partido Morena y la señora Rufina Edith Villa Hernández es su candidata a la presidenta municipal de Cuetzalan; siendo esta situación, la acción podría estar encaminada a minar el apoyo a los candidatos de ese partido en la contienda electoral en curso, para posicionar a los grupos caciquiles de la región y el estado. Por otro lado, el señor Nazario Diego Téllez es representante común de los macehual en los amparos que las comunidades han interpuesto contra las concesiones mineras que, de llevarse a cabo, afectarían el territorio de Cuetzalan, Tlatlauquitepec, Yoanahuac y Atexcaco. Si la acción de la CFE procediera y el Ministerio Público obsequiara las órdenes de aprehensión, quedarían automáticamente sin representante en los juicios.
En este contexto, con la criminalización de los miembros del Cotic más que perseguir el respeto y la aplicación de la ley, pareciera que se ha montado una provocación política con múltiples propósitos. Si se tratara de comunidades desorganizadas, la medida podría tener efectos pero en la Sierra Norte de Puebla tienen una experiencia de lucha probada en décadas de organización, que ahora podrían echar a andar para defender su proyecto de vida, frente a los proyectos de muerte, como ellos bautizaron a los megaproyectos que los han invadido en los últimos años. El caso no está cerrado y una cosa es clara: para detener al movimiento tendrían que encarcelar no a cuatro dirigentes, sino a miles de habitantes de las comunidades. Y para eso les van a hacer falta cárceles.
*Investigador de El Colegio de San Luis Potosí


miércoles, 31 de enero de 2018

Aviso Urgente

AVISO MUY URGENTE - PRESIÓN JUDICIAL SOBRE EL COTIC DE CUETZALAN
La PGR ha citado en unas horas, el 31 de enero de 2018 a las 10 am, en su delegación de Puebla, a cuatro compañeros del Comité del Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan, y a otros, como indiciados en una causa penal que no se les ha dado al conocer. Suponemos, sin embargo, que se les pretende criminalizar por sus acciones de carácter legal y pacífico en defensa de su territorio, en su municipio, en la Sierra Norte de Puebla. Se trata, sin duda, de un intento de presión, por medios jurídicos, incluyendo la cárcel, a algunos de los principales dirigentes de esta resistencia, y en particular del COTIC.
Nuestros compañeros son:
Rufina Edith Villa, indígena, integrante de la organización Maseualsiuamej Mosenyolchicahuanij, y secretaría del COTIC.
Álvaro Aguilar Ayón, asesor de la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske y integrante del órgano ejecutivo del COTIC.
Nazario Diego Téllez, indígena, representante del Grupo Altepetajpianij, cooperativista de la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske e integrante del COTIC.
Luis Enrique Fernández Lomelín, investigador, vecino de Cuetzalan, e integrante del COTIC.
Estos compañeros han probado la legitimidad de su defensa, la han sustentado en los recursos que la propia ley prevé y reconoce al Comité del Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan.
Llamamos a atajar esta intentona del gobierno federal, encabezada por la Comisión Federal de Electricidad, para imponer las condiciones de expoliación de los recursos naturales y su venta al mejor postor.
Pedimos estar atentos al desarrollo de estos hechos, en la diligencia de la delegación de la PGR en Puebla.
Atentamente,
Integrantes del Comité del Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan.
*Comité para la Libertad de los Presos Políticos y contra el fin de la Represión.*

jueves, 9 de noviembre de 2017

Gobierno viola derechos indígenas, denuncian ante la ONU


Jueves, 9 de Noviembre de 2017 12:06
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Leticia Ánimas Vargas
Huauchinango, Pue.- Miembros del Consejo Tiyat-Tlali denunciaron ante la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de Naciones Unidas, las violaciones a los derechos humanos que se han cometido por la imposición de megaproyectos y le pidieron que conmine al Estado Mexicano a cumplir su obligación de respetarlos y garantizar su vigencia.
Para dar la bienvenida a la funcionaria del organismo internacional, Victoria Tauli-Corpuz, que realiza una visita oficial, los indígenas de la Sierra Norte de Puebla señalaron que tras la aprobación de la Reforma Energética se han incrementado los conflictos sociales especialmente en territorio de los pueblos originarios a los que se pretende despojar de sus bienes naturales.
A partir del 2011, precisaron, en la región se empezó a identificar una alta concentración de proyectos extractivos: “minería, hasta diciembre del 2016, la Secretaría de Economía había otorgado 189 títulos de concesiones mineras en la región, lo que equivale a 372 mil 408 hectáreas, la mayor parte de capital canadiense, de los cuales el más avanzado es el proyecto minero a cielo abierto de la canadiense Almaden Minerals en el municipio de Ixtacamaxtitlán”.
Apuntaron que también la minería no metálica ha causado fuertes impactos por la extracción de feldespatos en la región de Zacatlán por parte de la empresa Materias Primas de Ahuazotepec, filial de la empresa Belga, Sibelco.
Además las hidroeléctricas proyectadas en las cuencas de los ríos Zempoala, Ateno, Apulco y Ajajalpan, que cruzan la Sierra Norte de Puebla, suman 14 y se sabe que generarán energía para empresas privadas, “como es el caso del Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 que pretende generar electricidad para Walmart.
Mientras que al menos 35 municipios de la región, están amenazados por la extracción de hidrocarburos;  y se pretende construir obras complementarias como líneas de alta tensión o gasoductos como el instalado por la empresa Gasomex o el gasoducto “Tuxpan-Tula” a cargo de TransCanada y que transportará 886 millones de pies cúbicos diarios de gas extraído con fracking desde Texas, en los Estados Unidos.
Aunque reconocieron que los proyectos se encuentran en etapa inicial o de evaluación, si se concretan habrá un desplazamiento de los habitantes de los pueblos indígenas, además de devastación ambiental, social y cultural, y los únicos beneficiarios serán “empresahttp://municipiospuebla.mx/nota/2017-11-09/huauchinango/gobierno-viola-derechos-ind%C3%ADgenas-denuncian-ante-onus privadas, que no busca solventar las necesidades de las comunidades, sino seguir ensanchando sus bolsillos a costa de los campesinos e indígenas en esta región”.
Tras indicar que en la Sierra Norte hay un movimiento de resistencia pacífica a estos proyectos, denunciaron que la respuesta gubernamental y empresarial a la defensa de sus derechos ha sido la criminalización de los indígenas por ejercer su derecho al territorio y a la libre determinación, derechos reconocidos en la constitución mexicana y en tratados internacionales.
Por ello pidieron a la Relatora de la ONU su intervención y que recomiende al gobierno mexicano que cumpla con su obligación de respetar y proteger  los derechos de los pueblos indígenas amenazados por los proyectos de la industria extractiva.