viernes, 27 de junio de 2014

Pobladores del Ejido de Almeya piden a minera Almaden que salga de su territorio


Después de la concentración de comunidades campesinas indígenas y mestizas afectadas por proyectos mineros o de explotación de recursos naturales como Libres, Zautla, Tetela, Ixtla, Cuetzalan, Xochitlán y Zoquiapan en el Foro Contra la Minería que se desarrollo en el municipio de Ixtacamaxtitlan en el  estado de Puebla este fin de semana, las Autoridades Agrarias de este Municipio y el Consejo Tiyat Tlali brindaron una conferencia de prensa para hacer pública las arbitrariedades, discriminación y diferentes hechos considerados como delitos cometidos por parte de la minera canadiense Almaden Minerals, cuyo dueño es Morgan Poliquin. 

En Conferencia de Prensa El Juez de Paz Ignacio Cruz y el Presidente de vigilancia Pablo Cortes denunciaron que desde la semana pasada trabajadores de la empresa minera Almaden allanaron caminos y pasaron por terrenos del Ejido de Almeya sin consentimiento de la asamblea general y de las autoridades ejidales, dañando los terrenos y árboles propiedad del Ejido.

lunes, 23 de junio de 2014

12% del territorio de la Sierra Norte de Puebla concesionado a la canadiense Almaden Minerals

Mujeres y hombres de Ixtacamaxtitlán rechazan los trabajos de la empresa minera canadiense Almaden Minerals

El municipio de Ixtacamaxtitlán, el más grande del Estado de Puebla, se enfrenta en estos días al conflicto surgido de los trabajos que desde el 2010 realiza la empresa minera canadiense Almaden Minerals en lo que llama el Proyecto Tulictic. Después de más de diez años de sondeos y trabajos de exploración realizados desde el año 2010, la empresa presume de haber dotado de empleos a personas de la comunidad de Santa María Sotoltepec, y de haber realizado trabajos de mantenimiento de espacios públicos. En su página web, exponeademás un boletín de prensa que afirma que extraerá 3.6 toneladas de oro y 221 toneladas de plata anuales durante su estancia en dicho municipio.
La población de Ixtacamaxtitlán ha emprendido la labor de informarse sobre los impactos de la extracción de minerales como el oro y plata, ya que de la empresa sólo han recibido discursos sobre las bondades y beneficios de dicha actividad. El pasado 22 de junio, Grupo Poder presentó los resultados de una investigación que realizó en los 66 municipios de la Sierra Norte de Puebla donde más de 180 mil hectáreas se encuentran consesionadas a proyectos mineros, hidroeléctricos y de hidrocarburos.
En total, en la Sierra Norte existen 103 conseciones mineras que tienen empresas de 8 países diferentes, aunque de estos, una sóla empresa canadiense representa el 73% de tierra consecionada. Se trata de Almaden Minerals quien posee tan sólo 13 tìtulos de conseciòn en toda la Sierra distribuidas en sus tres filiales: Minera Gavilán, Minera Zapata y Minera Gorrión. El siguiente país con mayor superficie consecionada en un total de 46 títulos de conseción es México con el 22 % del total de superficie consecionada a la extracción minera en la SNP. Se trata de los intereses de tres grandes grupos: Grupo Ferrominero (53%), Grupo Frisco (34%) y Grupo Peñoles (12%).
La información y experiencias que han compartido otros pueblos con proyectos mineros ha llevado a la población de Ixtacamaxtitlán a rechazar rotundamente los trabajos de Almaden Minerals, quien ha contado con el aval de autoridades federales que en total han concesionado 120 mil 822 hectáreas a dicha empresa en toda la Sierra Norte del estado.Así mismo, la Secretaría de Medio Ambiente y recursos Naturales (SEMARNAT) ha otorgado permisos de exploración sin informar y consultar a la población.

Este rechazo se une al de otros municipios de toda la Sierra Norte que se niegan a aceptar proyectos de muerte como la minería, hidroeléctricas y gasoductos y abandonar y dejar morir la tierra que ha dado sustento y los conocimientos que han cuidado y mantenido la vida de cerros y ríos en donde han habitado por siglos. Muestra de ello no sólo han sido las asambleas informativas sino ruedas de prensa, marchas y foros donde mujeres y hombres que radican en sus comunidades o que han tenido que salir por temporadas a trabajar a las ciudades han manifestado su rechazo a la actividad minera.

miércoles, 18 de junio de 2014

Pronunciamiento. ¡Alerta!

Pronunciamiento sobre la detención  del defensor comunitario opositor de la hidroeléctrica la  Parota
Marco Antonio Suástegui Muñoz

El Consejo Tiyat Tlali repudia la detención arbitraria en contra de Marco Antonio Suástegui Muñoz  integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, CECOP realizada el día de ayer 17 de junio  por policías ministeriales,y denunciamos que el compañero Suástegui Muñoz fue brutalmente golpeado por agentes de la Policía Investigadora Ministerial en el momento de su detención, siendo fue inexplicablemente trasladado del Cereso de Acapulco al municipio de la Unión, a cinco o seis horas de distancia. 

Contexto

Desde hace 10 años las más de 25 comunidades integrantes del  Consejo de Comunidades y Ejidales opositoras de la presa la Parota (CECOP) ha llevado a cabo la defensa legítima de su territorio organizándose comunitariamente, fortaleciendo espacios de decisiones colectivas como la asamblea para  detener la imposición del megaproyecto la presa la Parota que  inundaría las comunidades que han sido habitadas y cuidadas por generaciones de campesinas-os e indígenas  desplazándolos de sus raíces históricas. Por parte del gobierno local, federal y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la respuesta ha sido tajante de que el proyecto se realiza sin escuchar la voz de miles de habitantes que rechazan la obra, sin embargo se ha generado un ambiente de tensión y descontento social.

Desde el 1° de junio se incrementó agresión a las comunidades integrantes del CECOP generándose  conflictos comunitarios y detenciones con la fabricación de delitos violentos  fincados a integrantes del CECOP, como es el caso de José Palma Tornes y nueve integrantes más. Finalmente, José Palma salió libre al comprobarse su inocencia., después de un proceso legal y una exagerada fianza salió libre, sin embargo quedan pendientes por deslindar responsabilidades de nueve de sus compañeros. La respuesta de las comunidades opositoras a la presa de la Parota ha sido contundente con la toma pacífica de instalaciones de la planta captadora de agua de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), para generar las condiciones de dialogo con las autoridades locales y federales y poner punto final al ambiente de hostigamiento y criminalización de la protesta social, sin embargo la postura del gobierno no ha privilegiado el dialogo ni mucho menos consensado salidas al conflicto comunitario que tiene el trasfondo de generar desestabilidad comunitaria para realizar el megaproyecto.

Lejos de acabar con un ambiente de represión, este se agudiza  el día de ayer con la detención arbitraria de Marco Antonio Suástegui Muñoz señalándolo de cometer diversos delitos según un comunicado emitido por la procuraduría del estado sin especificar las tentativas de los delitos imputados. Se sabe con certeza que el compañero Suástegui Muñoz fue brutalmente golpeado por agentes de la Policía Investigadora Ministerial en el momento de su detención y que recibió fuertes golpes en su columna. También sabemos que fue inexplicablemente trasladado del Cereso de Acapulco al municipio de la Unión, a cinco o seis horas de distancia. 

Por lo anterior exigimos:
1.- La liberación inmediata del comunero Marco Antonio Suástegui Muñoz
2.- El alto a la represión a todos y todas las integrantes de las más de 25 comunidades del Consejo de Comunidades y Ejidos opositoras de la presa la Parota (CECOP)
3.- La cancelación del megaproyecto de la Presa la Parota
4.- Alto a las órdenes de aprensión de comuneros de los ejidos opositores a la presa la Parota
5.- Alto a la estrategia de división y conflictos comunitarios por quien resulte responsable
6.- Responsabilizamos al Gobierno de Ángel Aguirre Rivero de la situación física y psicológica del compañero Suástegui Muñoz y exigimos sean respetados su derechos humanos y constitucionales.


¡Libertad a los presos políticos!
¡Vida si, megaproyectos no!
¡Ríos vivos no entubados ni embalsados!






miércoles, 11 de junio de 2014

ZOQUIAPAN Y LA PERTINENCIA




Boletìn de prensa circulado en Rueda de Prensa hoy 11 de junio del 2014.

Por: Consejo Tiyat Tlali

En el mes de diciembre del 2013, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) autorizó de manera condicionada la manifestación de impacto ambiental presentada por la empresa Generación Eléctrica San Antonio SA de CV (GESA), esto a pesar de las reiteradas manifestaciones de oposición de las comunidades nahuas y totonacas a la construcción del proyecto hidroeléctrico San Antonio, en los municipios de Zoquiapan y Xochitlán. Uno de los condicionamientos consiste en la realización de la consulta a los pueblos indígenas nahuas y totonacos cuyos derechos se verían afectados por la construcción de dicho proyecto. Es importante señalar que la SEMARNAT primero otorga el permiso y luego pide la consulta a los pueblos indígenas, lo cual viola el principio de la consulta previa, como obligación de Estado.
Haciendo caso omiso del rechazo de las comunidades a la hidroeléctrica, la Secretaría de Gobierno del Estado de Puebla ha estado presionando a autoridades locales y representantes comunitarios a que reciban a funcionarios de la empresa GESA, a fin de que aprueben su proyecto. Con este respaldo del Gobierno del Estado, la empresa ha presentado un protocolo para su firma y aceptación a los ayuntamientos en donde pretenden realizar la supuesta consulta, el cual incluye una serie de irregularidades como el designar a la empresa como el “Órgano Responsable” de realizarla. Lo anterior representa una grave violación a los estándares de consulta a los pueblos indígenas, que establecen que la consulta es una obligación del Gobierno, sin la intervención de las empresas en su responsabilidad.
Estos hechos no sólo evidencian que tanto la SEMARNAT como el gobierno del estado están actuando como promotores de proyectos de capital privado que buscan la generación de ganancia y la profundización de la privatización de la generación y distribución de la energía eléctrica, en lugar de actuar para proteger y garantizar los derechos de los pueblos indígenas.
Por las razones expuestas, exigimos al gobierno federal y estatal que se respete nuestro derecho a la autodeterminación y cese el hostigamiento a autoridades y población de la Sierra Norte debido a nuestra total negativa al proyecto hidroeléctrico y a todos los proyectos de muerte que se pretenden imponer.
Señalamos que estamos viviendo un clima de represión y hostigamiento a la lucha social contra los megaproyectos en Estado de Puebla. Estos hechos de hostigamiento han ido desde la intimidación a ciudadanos y autoridades que se oponen a estos proyectos, así como el atentar contra la integridad de sus vidas. Expresamos nuestra solidaridad con los compañeros que se oponen a la construcción del gasoducto Morelos y exigimos la liberación de los compañeros Enedina Rosas, Abraham Cordero y Juan Carlos Flores, así como el esclarecimiento y justicia del asesinato del compañero Antonio Esteban Cruz.
Finalmente, queremos expresar nuestra indignación ante la aprobación de la mal llamada “Ley para proteger los derechos humanos y regular el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales del estado de Puebla” pues criminaliza el legítimo derecho a la protesta social, motivo por el cual exigimos su abrogación. Exhortamos a las Comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos, para que tomen en sus manos la abrogación de esta ley.
Hacemos responsables al gobernador Moreno Valle, al Gobierno Federal y a quienes intentan imponer estos proyectos, de la integridad física y moral de los aquí presentes y de los habitantes que exigimos nuestros derechos en la Sierra Norte de Puebla. Llamamos al gobierno del Estado a una audiencia pública para que sea a través del diálogo político como se resuelvan estos conflictos sociales y que no sea pretexto de violaciones a derechos humanos y constitucionales.
Finalmente, hacemos un llamado a la sociedad poblana y al pueblo de México, a su solidaridad para evitar un ecocidio y desplazamiento forzado de decenas de comunidades de la Sierra Norte y exigir que se termine este clima de violencia, represión y hostigamiento en contra de comunidades indígenas y defensores de los derechos humanos, académicos y estudiantes en el estado de Puebla.

Ciudad de Puebla, 11 de junio del 2014

Comité de Defensa del Territorio de Zoquiapan

Comité de Defensa del Territorio de Xochitlán

Consejo Tiyat Tlali

Tetela Hacia el Futuro

viernes, 6 de junio de 2014

Puebla, Puebla a 6 de junio del 2014
A los pueblos que luchan en defensa de la tierra y de la vida
A los medios de comunicación

El pasado 4 de junio fue asesinado en la comunidad de Cuatapanaloyan, Cuetzalan, Puebla, el compañero Antonio Esteban Cruz, conocido por muchos de nosotros como “Tonchi”, y que a lo largo de su vida ha luchado por la tierra en diferentes comunidades  indígenas y campesinas en la Sierra Norte de Puebla. 

Su asesinato, más allá de ser un hecho aislado, es muestra de que su lucha representa una amenaza contra intereses económicos y políticos de grupos de poder que insisten ensojuzgar comunidades en resistencia y defensa de su vida y su dignidad. "Don Tonchi" luchó al lado de comunidades indígenas y campesinas por el predio Paso María Cristina y actualmente participaba activamente en el Movimiento Indígena Obrero Campesino Urbano y Popular (MIOCUP), defendiendo a lo largo de su vida la tierra ante intereses caciquiles y ante la instalación de proyectos de muerte. El ejemplo del compañero Antonio Esteban en diferentes momentos históricos de la Sierra, constantemente animó y fortaleció las luchas en un contexto adverso, de intereses, agresiones y violencia.


Antonio también participó con comunidades que en sus luchas atentaron contra intereses caciquiles en el municipio de Ayotoxco de Guerrero y esto hizo que fueran atacados y amenazados constantemente. El asesinato del compañero Antonio nos refleja cómo ésta violencia actualmente se reconfigura cuando en toda la Sierra se pretenden construir proyectos de muerte como presas hidroeléctricas y proyectos mineros. 


Queremos manifestar nuestra solidaridad con familiares y amigos de “Don Tonchi” (Antonio Esteban Cruz), así como con las organizaciones en las que ha participado. Sus familiares, compañeros y compañeras de lucha, así como organizaciones y movimientos que compartimos sus luchas, tenemos el compromiso no sólo de exigir justicia por su cobarde asesinato sino por mantener vivos sus anhelos de igualdad y respeto a las diferentes comunidades en las que colaboró.


Nos sumamos a las exigencias de esclarecer el asesinato y castigo a los responsables del asesinato del compañero Antonio Esteban Cruz, así como la regularización del predio Paso María Cristina y el alto al clima de violencia que estmos viviendo quienes luchamos por defender el territorio en el Estado de Puebla.

Consejo Tiyat Tlali
Por la defensa de la vida y nuestro territorio



nota: foto tomada de jornada de oriente

jueves, 24 de abril de 2014

Comunicado de Prensa 24 de abril



A LOS PUEBLOS DE MÉXICO Y DEL MUNDO QUE LUCHAN EN DEFENSA DE SUS TERRITORIOS Y LA VIDA
A ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS NACIONALES E INTERNACIONALES
A LA SOCIEDAD CIVIL
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

L@s abajo firmantes denunciamos y repudiamos enérgicamente las acciones violentas de los gobiernos de Puebla y Morelos al intentar acallar encarcelando las voces de los pueblos campesinos organizados que con dignidad ejercen su derecho a la autodeterminación.

En días recientes los gobiernos de Rafael Moreno Valle y Graco Ramírez Garrido desataron una espiral de violencia que incluye una serie de hostigamientos, amenazas, aprehensiones arbitrarias de luchador@s sociales y dirigentes de movimientos campesinos opuestos al Proyecto Integral Morelos y al Libramiento Poniente (8 detenidos, dos intentos de detención y un herido en un período de 8 días). Las detenciones se realizaron haciendo uso excesivo de violencia y sin presentación de órdenes de aprehensión. En Puebla fueron civiles los que hicieron las retenciones y en el caso de Morelos se utilizaron gases lacrimógenos y hubo disparos.